CFA es una empresa listada en el registro nacional de Empresas de Auditoría Externa, inscripción que faculta a dichas empresas a efectuar auditorías de estados financieros a sociedades anónimas fiscalizadas por la Comisión para el Mercado Financiero.

En el marco de la Operación Renta AT 2019, es fundamental realizar una revisión de los estados financieros y la contabilidad de las empresas desde el 01 de enero de 2018  al 31 de diciembre de 2018, para efectos de entregar resultados sólidos y sin errores a los accionistas, administración, gerencias de Finanzas y Contabilidad de cada empresa, para  detectar posibles contingencias y mantener los números de la empresa saludables

Las auditorías consisten en realizar a grandes rasgos las siguientes gestiones:

-Examen selectivo de los montos, respaldos y antecedentes que conforman la contabilidad y los estados financieros de una sociedad.

-Evaluación de los principios de contabilidad utilizados y la consistencia de su aplicación con los estándares relevantes (IFRS), así como las estimaciones significativas hechas por la administración.

-Emisión de conclusiones respecto de la presentación general de la contabilidad y los estados financieros, indicando con un razonable grado de seguridad, si ellos están exentos de errores significativos y cumplen con los estándares relevantes en forma cabal, consistente y confiable.

-Emisión de recomendaciones.

¡Contacta a CFA por nuestros servicios de Auditoría Externa!

José Luis Avilés.

Socio Líder.

Autorizado para firmar Informes de Auditoría por la CMF a entidades fiscalizadas.

Operación Renta AT 2019

El Año Tributario 2019, que considera las rentas obtenidas por los contribuyentes en el año comercial 2018, representa nuevamente un gran desafío para las empresas y para las personas naturales, pues es el segundo año en el que la Reforma Tributaria introducida en Chile a través de las leyes 20.780 y 20.899 se aplica plenamente.

Empresas.

Para los Regímenes de Tributación Parcialmente Integrado del artículo 14 B o de Renta Atribuida del artículo 14 A al cual se encuentre acogida la empresa, se generarán diversas obligaciones tributarias para efectos de consolidar la Operación Renta AT 2019 y cumplir con la legislación.

A continuación se presenta un resumen de las DDJJ que deben presentarse según régimen de adopción y los plazos para el AT 2019Declaraciones Juradas AT 2019
Régimen ART 14 A)
Formulario	Certificado	Resolución	Vencimiento
1923 Renta Líquida Imponible + Atribución	52	N°82/08-2017	29.03.2019
1938 Movimientos y saldos de registros de rentas empresariales	N/A	N°83/08-2017	14.05.2019
1940 Retiros, Remesas, Dividendos Distribuidos y Créditos correspondientes	53	N°79/08-2017	29.03.2019
Régimen ART 14 B)
Formulario	Certificado	Resolución	Vencimiento
1926 Renta Líquida Imponible	N/A	N°101/10-2017	07.05.2019
1939 Movimientos y saldos de registros de rentas empresariales	N/A	N°84/08-2017	14.05.2019
1941 Retiros, Remesas, Dividendos Distribuidos y Créditos correspondientes	54	N°80/08-2017	21.03.2019

Encuentra acá el Suplemento de Declaraciones Juradas AT 2019:

http://www.sii.cl/declaraciones_juradas/suplemento/2019/suplemento_ddjj_2019.pdf.

El resumen de la Principales Declaraciones Juradas según el Suplemento del SII:

Personas.

El SII ya ha publicado Circular Nº1 de fecha 07 de enero de 2019 que informa tablas de impuesto global complementario correspondiente al año tributario 2019. Puedes revisar el cuadro a continuación:

CFA otorga asesoría íntegra y completa para el proceso Declaración de Renta AT 2019 (F. 22), lo que será esencial con la introducción plena de la Reforma Tributaria, teniendo en consideración que el Servicio de Impuestos Internos ha emitido múltiples Resoluciones y Declaraciones Juradas relacionadas con los Nuevos Regímenes Tributarios que deben ser consideradas por los contribuyentes.

Las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF), también conocidas por sus siglas en inglés como IFRS (International Financial Reporting Standards), han sido actualizadas para este año 2018.

A continuación, se presentan las actualizaciones técnicas de las normas emitidas por el IASB (International Accounting Standards Board), las cuales entran en vigencia a partir del 1 de enero de 2018.

Estas son normas, interpretaciones y modificaciones que ya han sido emitidas a la fecha:

Nuevas Normas:

• NIIF 9, Instrumentos financieros

• NIIF 15, Ingresos procedentes de contratos con clientes (Deroga: NIC 11, NIC 18, CINIIF 13, CINIIF 15, CINIIF 18 y SIC 31)

• CINIIF 22, Transacciones en moneda extranjera y contraprestaciones anticipadas Modificaciones:

• NIIF 2, Clasificación y medición de transacciones con pagos basados en acciones

• NIIF 4, Contratos de seguros

• NIC 40, Transferencia de propiedades de inversión

https://lnkd.in/eXtqhdH

Autor: Camilo Portales, Auditor en Chile Finance Advisors.

El Año Tributario 2018, que considera las rentas obtenidas por los contribuyentes en el año comercial 2017, representa un gran desafío para las empresas, pues es el primer año en el que la Reforma Tributaria introducida en Chile a través de las leyes 20.780 y 20.899 se aplica plenamente.

Así, para cada Régimen de Tributación -Parcialmente Integrado del artículo 14 B o de Renta Atribuida del artículo 14 A- al cual se encuentre acogida la empresa, se generarán diversas obligaciones tributarias para efectos de consolidar la Operación Renta AT 2018 y cumplir con la legislación.

Es en este sentido que CFA se compromete en otorgar asesoría íntegra y completa para el proceso Declaración de Renta AT 2018 (F. 22), lo que será esencial con la introducción plena de la Reforma Tributaria, teniendo en consideración que el Servicio de Impuestos Internos ha emitido múltiples Resoluciones y Declaraciones Juradas relacionadas con los Nuevos Regímenes Tributarios que deben ser consideradas por los contribuyentes.

Encuentra acá el Suplemento de Declaraciones Juradas: https://lnkd.in/djfxstY

• Organismo decidió hacer pública la nómina por estimar que se trata de una información importante para facilitar el correcto cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, ya que la calificación es relevante para la aplicación de una serie de normas de la Ley de la Renta.
• En la lista figuran Bahamas, Bermuda, Puerto Rico, Cuba, Qatar, Honduras, Emiratos Árabes, Tailandia, Taiwán, las Islas Vírgenes, Islas Caimán y Hong Kong, entre otros territorios.  

El Servicio de Impuestos Internos publicó un listado preliminar de 150 países y jurisdicciones que se considera tienen un régimen fiscal preferencial o de nula o baja tributación, calificación que resulta relevante para la aplicación de una serie de normas incluidas en la Ley de Impuesto a la Renta (LIR).

La nómina fue construida luego de un riguroso análisis por los equipos especializados del organismo que han participado en diversas instancias internacionales que analizan el tema tributario y se actualizará al menos una vez al año para recoger los cambios que puedan producirse en el comportamiento de los países.

Su publicación tiene como objetivo entregar certidumbre y facilitar el correcto cumplimiento tributario voluntario de los contribuyentes, contemplándose adicionalmente la posibilidad de conocer y recibir las dudas, observaciones y recomendaciones de los diferentes interesados.

El efecto de considerar que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial es relevante para la aplicación práctica de distintas normas de la LIR, como la de artículo 14 letra E), N° 1, letra a), que establece obligaciones de informar ciertas inversiones en el exterior; artículo 41 F sobre exceso de endeudamiento; el artículo 41 G sobre entidades extranjeras controladas que obtienen rentas pasivas; y el artículo 59 respecto de una tasa rebajada del Impuesto Adicional por regalías y remuneraciones.

A modo de ejemplo, quienes paguen rentas o cantidades consistentes en regalías o remuneraciones por trabajos o servicios profesionales o técnicos a personas residentes en países con régimen fiscal preferencial, deberán retener el Impuesto Adicional con tasa del 30%, en el caso de las regalías, y del 20% para las remuneraciones, sin que sea procedente utilizar las tasas rebajadas que contempla el artículo 59.

La ley prescribe que un territorio o jurisdicción tiene un régimen fiscal preferencial, cuando se verifica la concurrencia de al menos dos de un total de seis requisitos que señala expresamente, siempre que no se trate de países miembros de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE).

Esto permite mantener un listado dinámico que se ajusta al comportamiento de dichas jurisdicciones en el tiempo, en cuanto verifica el compromiso asumido a cumplir con estándares internacionales en materia de transparencia e intercambio de información, así como también las aclaraciones que soliciten los contribuyentes por cambios en las jurisdicciones que forman parte del listado preliminar, entre otros elementos que necesariamente deben tenerse en consideración.

Un buen ejemplo de lo anterior es Liechtenstein, país incluido en el año 2003 en la lista de países o territorios considerados “paraísos fiscales”, por el Decreto N° 628 del Ministerio de Hacienda, condición que se mantuvo vigente sin modificaciones hasta su actual derogación.

El nuevo listado, en cambio, tiene en consideración para su calificación que Liechtenstein suscribió la Convención Multilateral sobre Asistencia Administrativa (MAAT), la cual permite a Chile realizar intercambios de información para fines tributarios con dicho país; la calificación de “sustancialmente cumplidor” de los estándares internacionalmente aceptados en materia de transparencia e intercambio de información con fines fiscales por la OECD, así como también que su legislación no mantiene vigente régimen preferencial para fines fiscales, de acuerdo con la calificación efectuada por esta misma Organización.

El SII recordó que lleva adelante sus procesos de análisis de cumplimiento tributario y selección de casos en base a metodologías y disciplinas técnicas de gestión de riesgos de aceptación general, marco en que las transacciones u operaciones celebradas con territorios o jurisdicciones de nula o baja tributación reciben una mayor ponderación de riesgo y priorización para los fines de su tratamiento y remediación, lo que se encuentra conforme a los estándares que se han venido desarrollando a nivel doméstico e internacional.

Finalmente, precisó que los contribuyentes pueden consultar al Servicio por el cumplimiento de los requisitos que establece la norma, tanto respecto de los países incorporados en el listado, como de aquellos que no se encuentran en este, aportando los antecedentes necesarios para que el organismo se pronuncie en casos particulares.

Publicación de la ley que simplifica la Reforma Tributaria

En el mes de febrero de 2016 se promulgó por la Presidenta Bachelet la ley que simplifica la Reforma Tributaria. Los principales puntos que se reforman son: A) Simplificación del sistema de tributación a la Renta; B) Ajustes IVA; C) Especificaciones de la normativa antielusión y D) Otros cambios al Impuesto a la Renta.

En estas publicaciones resumiremos estos cambios según el orden recién indicado:

A)  Simplificación del sistema de tributación a la Renta.

Con la reforma tributaria se establecieron dos regímenes de tributación para determinados contribuyentes de impuesto de primera categoría e impuestos finales: 1) El sistema de Renta Atribuida y 2) El sistema parcialmente integrado. Pasaremos a explicar los cambios y tratamiento definitivo de ambos.

1) Sistema de Renta Atribuida.

La ley señala, finalmente, que sólo determinados contribuyentes, que de acuerdo a la estructura societaria a través de la cual se organicen, podrán optar por este sistema (o, asimismo, estos mismos contribuyentes también podrán optar por el sistema parcialmente integrado).

-Los siguientes contribuyentes, personas naturales y jurídicas, podrán optar por este sistema:

-Empresas individuales de Responsabilidad Limitada

-Empresarios individuales

-Sociedades de personas, que tengan como socios únicamente a personas naturales con domicilio o residencia en chile y asimismo por personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile.

-Sociedades por Acciones (SpA), que tengan como socios únicamente a personas naturales con domicilio o residencia en chile y asimismo por personas naturales sin domicilio ni residencia en Chile.

-Contribuyentes del artículo 58 Nº1 o establecimientos permanentes situados en Chile.

La ley asimismo establece las reglas para determinar el régimen de tributación en caso de que se incorporen socios personas jurídicas o contribuyentes que no pueden someterse a este régimen a las sociedades que sí pueden acogerse. En el caso de las SpAs o sociedades de personas, por ejemplo, en el caso de cesión de acciones o para incorporar a personas jurídicas o contribuyentes que no puedan someterse a este régimen de tributación, deben aprobar dicha incorporación por junta de accionista o asamblea de socios unánimamente, De otra forma, deberán abandonar el régimen de tributación de Renta Atribuida según lo establece la ley.

No podrán ser contribuyentes del Sistema de Renta Atribuida (y sólo lo serán del Sistema Parcialmente Integrado):

-Sociedades anónimas abiertas y cerradas

-Sociedades de personas que tengan socios a personas jurídicas.

-Sociedades en comandita por acciones.

La ley así lo señala, en el artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta:

“Los contribuyentes que sean empresarios individuales, empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades, sociedades por acciones, contribuyentes del artículo 58 número 1 y sociedades de personas, excluidas las sociedades en comandita por acciones, todos ellos obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectivas según contabilidad completa, cuyos propietarios, comuneros, socios o accionistas sean exclusivamente personas naturales con domicilio o residencia en el país y/o contribuyentes sin domicilio ni residencia e Chile, podrán optar por aplicar las disposiciones de las letras A) o B) de este artículo. Los demás contribuyentes aplicarán las disposiciones de la letra B)”.

-Tasas del Impuesto de Primera Categoría en Sistema de Renta Atribuida

Año 2016: 24% , para ambos regímenes.

Año 2017 la tasa será de 25% para el régimen de atribución de rentas. Para el semi-integrado, la tasa de 27% entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 2017, se aplica una tasa de 25,5%.

-Crédito e Integración entre Impuesto de Primera Categoría e Impuestos finales, Global complementario o Adicional.

En este sistema, la integración es total.

 

2) Sistema Parcialmente Integrado o Semi Integrado

Están obligados a tributar bajo el Sistema Parcialmente Integrado los siguientes contribuyentes:

-Sociedades anónimas abiertas y cerradas

-Sociedades de personas que tengan al menos a un socio  persona jurídica.

-Sociedades en comandita por acciones.

Los contribuyentes deberán mantenerse en el régimen de tributación que les corresponda, durante a lo menos cinco años comerciales consecutivos.

Tasas del Impuesto de Primera Categoría en Régimen Parcialmente Integrado

Año 2016: 24% , para ambos regímenes.

Año 2017 la tasa será de 25% para el régimen de atribución de rentas. Para el semi-integrado, la tasa de 27% entrará en vigencia a partir del año comercial 2018. Durante el año comercial 2017, se aplica una tasa de 25,5%.

Régimen por omisión.

-Crédito e Integración entre Impuesto de Primera Categoría e Impuestos finales, Global complementario o Adicional.

En el sistema parcialmente integrado,  existe un crédito parcial que se imputa a los impuestos global complementario o adicional, que corresponde a un 65% del impuesto de primera categoría pagado.

Para personas de países con los que existan tratados para evitar la doble tributación puede mantenerse dicho crédito.

 C) Régimen Supletorio o por Omisión.

  Si los contribuyentes que pueden acogerse al régimen de renta atribuida o también al sistema semi integrado, no optan por alguno de estos dos regímenes, deberán necesariamente tributar según el sistema de renta atribuida.

Hacen excepción a este principio, los contribuyentes del artículo 58 Nº1 y las SpAs, pues salvo que en junta de accionista se manifiesta lo contrario, tributarán bajo el sistema Semi Integrado.

D) Elección de un sistema u otro.

En Chile Finance Advisors S.A., creemos que se debe evaluar en detalle el caso concreto de cada contribuyente, pues la decisión de optar por un sistema u otro, tiene consecuencias que durarán al menos 5 años desde que se elija tributar  por uno u otro sistema.

Es en este sentido en el que nuestros clientes podrán confiar en que podrán ser asesorados debidamente en esta y otras materias, además de contar con que contable, financiera y jurídicamente, todos las decisiones que se tomen quedarán debidamente implementadas por nuestra Firma.

REFORMA TRIBUTARIA LEY N°20.780: Modificaciones al Impuesto a la Renta.

Introducción.

Con fecha 29 de septiembre se publica la Ley número 20.780 denominada “ Reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario”.

Estableceremos los principales cambios que esta introduce en el Impuesto a la Renta y que modifica el sistema de tributación anterior. Se establecen dos sistemas generales de tributación por impuesto a la renta, que han sido denominados sistema por renta atribuida y el otro sistema parcialmente integrado de la renta. El primero, regulado en la letra A del artículo 14 y el segundo en la letra B del mismo. Será el contribuyente el que podrá optar por uno u otro de los regímenes, con ciertos requisitos, y si no ejerce esta opción es la ley la que según el tipo societario determinará el régimen de tributación. El FUT no se elimina, sino que se mantiene el registro histórico, el cual sólo se aplica en los casos de retiros que excedan los registros establecidos en el nuevo texto legal. De esta manera, en ambos regímenes se establece un orden de prelación a los que el contribuyente debe imputar los retiros efectuados, y una vez agotados, los retiros se deben imputar al FUT histórico.

En esta exposición también integraremos lo señalado por la circular 55 del Servicio de Impuestos Internos (SII), que instruye sobre la vigencia y transición de las normas contenidas en la ley N°20.780, de 29 de septiembre de 2014, sobre reforma tributaria que modifica el sistema de tributación de la renta e introduce diversos ajustes en el sistema tributario. En la tabla se muestra el aumento de la tasa del Impuesto de Primera Categoría, la que irá subiendo cada año hasta establecerse finalmente el 2018 para ambos regímenes.

Año Comercial	Tasa Impuesto Primera Categoría
2014	21%
2015	22,50%
2016	24%
2017	25
2017(*)	25,50%
2018(*)	27%

Nota (*): Los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B), del artículo 14 de la LIR, deberán aplicar en el año comercial 2017, una tasa del 25,5%. A partir del año comercial 2018, dichos contribuyentes aplicarán una tasa del 27%.

La tasa del IDPC aumenta gradualmente desde un 20% a 25%. En el caso de los contribuyentes sujetos a las disposiciones de la letra B), del nuevo artículo 14, dicha tasa aumenta a un 27%.

De antemano mencionaremos que una correcta asesoría tributaria legal sobre esta reforma es muy importante para el día a día de los negocios en Chile.

1.-Nueva Modalidad de Tributación de la letra A del artículo 14: Renta Atribuida a través del Registro de Utilidades Atribuibles.

La reforma Tributaria no se entiende sin el nuevo concepto y sistema de renta atribuida, que entra a regir el primero de enero de 2017. Esta se define en el nuevo artículo 2° de la LIR:

“Por “renta atribuida”, aquella que, para efectos tributarios, corresponda total o parcialmente a los contribuyentes de los impuestos global complementario o adicional, al término del año comercial respectivo, atendido su carácter de propietario, comunero, socio o accionista de una empresa sujeta al impuesto de primera categoría conforme a las disposiciones del artículo 14, letra A) y demás normas legales, en cuanto se trate de rentas percibidas o devengadas por dicha empresa, o aquellas que le hubiesen sido atribuidas de empresas en que ésta participe y así sucesivamente.”.

Así, los propietarios de empresas sometidos a este régimen deberán tributar por Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional por las utilidades que obtengan sus empresas, o las empresas de sus empresas sujetas a su vez al impuesto de Primera Categoría, atribuyéndose las rentas para efectos de los impuestos finales. Para los contribuyentes que se encuentran dentro de este régimen de renta atribuida, se pone término al sistema del Fondo de Utilidades Tributables, “FUT” , mecanismo contable que permitía a los socios o accionistas determinar el momento en el que se “atribuían” las rentas y los créditos asociados a estas rentas.

En este sentido, se modificó el artículo 14 de la LIR que establecía el Fondo de Utilidades Tributables y que instauraba el ya antiguo sistema integrado a la renta, pasando a instaurarse el Fondo de Utilidades Atribuibles. Los propietarios deben tributar por concepto de Impuesto Global Complementario o Impuesto Adicional por sus rentas atribuidas pertenecientes a sus empresas.

La atribución de las rentas se hará en la forma que los socios o accionistas hayan acordado distribuir, y en el caso de no constar, se aplicará el porcentaje de distribución acordado en el contrato social, estatutos o escritura pública informada al SII.

En este sistema, los contribuyentes tendrán derecho a utilizar el 100% del monto pagado a nivel de Impuesto de Primera Categoría como crédito contra los impuestos finales. La tasa de dicho impuesto para esta opción, tendrá un incremento progresivo del 20% actual a una tasa del 25%.

2.- Sistema de Tributación de la Letra B del artículo 14 de la LIR,  o sistema parcialmente integrado de tributación.

En virtud del sistema parcialmente integrado, los contribuyentes de impuestos finales o globales serán gravados sobre base percibida, esto es, una vez que las distribuciones de dividendos o retiros sean efectuados en las empresas en las que participen. A ellos no les afecta el sistema de renta atribuida, si no realizan retiros o dividendos de utilidades, no habrá tributación . Sin embargo, la tasa del Impuesto de Primera categoría es mayor, aumentando gradualmente de 20% a 27% ( 21% para 2014, 22,5% para el 2015, 24% para el 2016, 25,5% para el 2017 y 27% para el año comercial 2018).

Además, existe una diferencia con la imputación del crédito otorgado por el pago del Impuesto de Primera Categoría por la empresa contra los impuestos finales. Los socios o accionistas contribuyentes de impuestos finales deben la cantidad del 35% del monto del crédito, por lo que sólo tienen un 65% del crédito del Impuesto de Primera categoría pagado por el contribuyente para utilizar.

Sin embargo, hay una clara excepción en el tratamiento de los contribuyentes del Impuesto Adicional que residan en países que hayan suscrito un tratado de doble tributación vigente, puesto que podrán utilizar el 100% del crédito.

 

3.-Facultad de elegir Sistema de Tributación por letra A o B del artículo 14 de la Ley de Impuesto a la Renta.

Se establece que los contribuyentes podrán elegir entre el sistema establecido por la letra A o B, y en caso de que no optaran, la ley establecerá la opción. Se señala en el artículo 14:

“Los contribuyentes obligados a declarar sobre la base de sus rentas efectivas según contabilidad completa podrán optar por aplicar las disposiciones de las letras A) o B) de este artículo.

En caso que los empresarios individuales, las empresas individuales de responsabilidad limitada, comunidades y sociedades de personas, en estos dos últimos casos cuando sus comuneros o socios sean exclusivamente personas naturales domiciliadas o residentes en Chile, no ejercieren la opción referida en el inciso anterior, en la oportunidad y forma establecida en este artículo, se sujetarán a las disposiciones de la letra A), aplicándose para los demás contribuyentes que no hayan optado, las reglas de la letra B).

En octubre de 2014 entró en vigencia la Ley N° 20.720 que “sustituye el régimen concursal vigente por una ley de reorganización y liquidación de empresas y personas, y perfecciona el rol de la Superintendencia del ramo”,  sustituyendo la  Ley de Quiebras.

Esta ley pone el acento en la reorganización de empresas viables, estableciendo procedimientos para la reestructuración de sus deudas, conservando a la empresa como unidad productiva y generadora de empleo. Una de las grandes novedades que incorpora esta ley es la  la posibilidad de repactación de deudas para personas naturales (deudores no comerciantes)  o bien que estos  logren una ejecución expedita y simplificada de sus bienes. Además se crea la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento (que viene a reemplazar a la Superintendencia de Quiebras),  y que contará con cobertura nacional, presencia regional y se relacionará con el ejecutivo a través de la cartera de Economía.

Por último, las quiebras, convenios y cesiones de bienes en actual tramitación y aquellas que se inicien antes de la entrada en vigencia de la presente ley se regirán por las disposiciones contendidas en el Libro IV del Código de Comercio.

Ámbito de Aplicación de la nueva Ley de Quiebras

La presente ley  se aplicara  a los procedimientos concursales destinados a reorganizar y/o liquidar los pasivos y activos de una Empresa Deudora, y a repactar los pasivos y/o liquidar los activos de una Persona Deudora.

Nuevas Autoridades

La nueva Ley de Insolvencia y Reemprendimiento cambia la nomenclatura de la antigua ley de quiebras, incluyendo una serie de nuevos autoridades y actores:

1-      Veedor: Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es propiciar los acuerdos entre el Deudor y sus acreedores, facilitar la proposición de Acuerdos de Reorganización Judicial y resguardar los intereses de los acreedores, requiriendo las medidas precautorias y de conservación de los activos del Deudor, de acuerdo a lo establecido en esta ley.
Sus facultades son  similares a los que la antigua legislación otorgaba al experto facilitador y al síndico en los convenios que buscaban evitar o poner fin a un estado de quiebra. Ahora el objeto del Procedimiento Concursal de Reorganización será reestructurar los pasivos y activos de una empresa deudora, respecto de la cual no se ha declarado su liquidación.

 

2-      Liquidador:   Aquella persona natural sujeta a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar el activo del Deudor y propender al pago de los créditos de sus acreedores, de acuerdo a lo establecido en esta ley. Este nuevo actor  reemplazara las funciones que desempeñaba el Síndico de Quiebras, en los nuevos procedimientos de liquidación del deudor.

 

3-      Martillero Concursal: Aquel martillero público que voluntariamente se somete a la fiscalización de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, cuya misión principal es realizar los bienes del Deudor, en conformidad a lo encomendado por la Junta de Acreedores y de acuerdo a lo establecido en esta ley.

4-      Deudor: Con el fin de evitar la estigmatización que conlleva el proceso de quiebra la nueva ley  ya no emplea la expresión fallido siendo esta reemplazada por la de deudor, que se entiende como toda Empresa Deudora o Persona Deudora, atendido el Procedimiento Concursal de que se trate y la naturaleza de la disposición a que se refiera.

5-      Empresa Deudora: Será toda persona jurídica privada, con o sin fines de lucro, y toda persona natural contribuyente de primera categoría o del número 2) del artículo 42 del decreto ley Nº 824, del Ministerio de Hacienda, de 1974, que aprueba la ley sobre impuesto a la renta.

 

6-      Persona Deudora: será Toda persona natural no comprendida en la definición de Empresa Deudora.

 

Principales cambios introducidos por la ley

Nuevo Procedimientos

1. Procedimiento Concursal de Reorganización de la Empresa Deudora

Con la nueva ley, los convenios pasarán a llamarse Acuerdos de Reorganización y, dado el nuevo enfoque pro reorganización, la protección al deudor es mayor.

Los nuevos procedimientos se inician a petición de la empresa deudora mediante un formulario de Solicitud de Reorganización ante el tribunal correspondiente a su domicilio. El tribunal que conozca del proceso con la sola presentación de este formulario, decretara la Protección Financiera Concursal (que podrá durar entre 30 a 90 días hábiles dependiendo del porcentaje de apoyo de los acreedores), por lo que en este período:

• No podrá declararse ni iniciarse en contra del deudor procedimientos concursales de liquidación, ni juicios ejecutivos, ejecuciones de cualquier clase o restitución en los juicios de arrendamiento.
• Todos los contratos suscritos por el deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago.
• Si el Deudor formare parte de algún registro público como contratista o prestador de cualquier servicio, y siempre que se encuentre al día en sus obligaciones contractuales con el respectivo mandante, no podrá ser eliminado ni se le privará de participar en procesos de licitación fundado en el inicio de un Procedimiento Concursal de Reorganización.

Con esto, todos los contratos del deudor mantendrán su vigencia y condiciones de pago. Así, los contratos no podrán terminarse en forma anticipada y unilateral (pactos comisorios), tampoco exigirse anticipadamente su cumplimiento (cláusulas de aceleración) o hacerse efectivas las garantías contratadas (como boletas de garantías y otros), invocando como causal, el inicio de un procedimiento concursal de reorganización. El acreedor que viole esta prohibición quedará pospuesto en el pago, incluso luego de los acreedores relacionados al deudor.

El objetivo de la nueva ley, es que  una vez determinado el pasivo del deudor y sus acreedores, sea el deudor el que proponga un acuerdo de reorganización, el cual quedara sujeto a la aprobación de sus acreedores.

Efectos Sobre Los Créditos

Uno de los efectos los efectos del Acuerdo de Reorganización Judicial, se da respecto a los créditos. La nueva ley establece en su Artículo 93 que los créditos que sean parte de este acuerdo se entenderán remitidos, novados o repactados, según corresponda, para todos los efectos legales. Señala también que el acreedor, contribuyente del impuesto de primera categoría de la Ley sobre Impuesto a la Renta,  podrá deducir como gasto necesario conforme a lo dispuesto en el número 4º del artículo 31 de dicha ley, las cantidades que correspondan a la condonación o remisión de deudas, intereses, reajustes u otras cantidades que se hayan devengado en su favor, siempre y cuando cumpla con una serie de condiciones copulativas:

1. Que se trate de créditos otorgados o adquiridos con anterioridad al plazo de un año contado desde la celebración del Acuerdo.
2. Que dicha condonación o remisión conste detalladamente en el referido Acuerdo o sus modificaciones,y
3. Que no correspondan a créditos de Personas Relacionadas con el Deudor ni a créditos de acreedores Personas Relacionadas entre sí, cuando éstos, en su conjunto, representen el 50% o más del pasivo reconocido con derecho a voto.

Lo anterior, es sin perjuicio de la obligación del Deudor de reconocer como ingreso, para efectos tributarios, aquellas cantidades que se hubieren devengado a favor del acreedor y que se condonen o remitan.

Acreedores Garantizados y Acuerdos de Reorganización

Un cambio importante que introduce la nueva ley es respecto a los acreedores prendarios e hipotecarios.  Se establece que estos podrán  votar  sin perder la preferencia de pago. Sin embargo, si el Acuerdo de Reorganización es aprobado por el 66% del pasivo, los acreedores prendarios e hipotecarios quedarán sujetos a dicho acuerdo, aún si hubieran votado en contra del mismo.

Lo anterior podría significar, por ejemplo, que dichos acreedores prendarios e hipotecarios no podrán, durante la vigencia del acuerdo, ejecutar los bienes que garantizan sus créditos, en caso que (i) el acuerdo así lo establezca, y (ii) el tribunal declare que dichos bienes son esenciales para el giro del deudor. En la antigua ley, esos acreedores conservaban el derecho a ejecutar, en cualquier momento, los bienes dados en garantía.

2. Procedimiento concursal de liquidación de la Empresa Deudora

El nuevo procedimiento viene a reemplazar el antiguo Juicio de Quiebra, y tiene por objeto la realización de los bienes del deudor. Este puede adoptar dos formas:

• Voluntaria: Cuando quien solicite la liquidación sea el propio deudor.
• Forzosa: cuando los acreedores soliciten la liquidación fundándose en alguna de las causales establecidas por la ley.

Los nuevos objetivos de este procedimiento dicen relación con hacer el proceso de liquidación más expedito y también dar mayor protección y derechos a los deudores, es por esto que se establecen plazos más cortos y se busca mayor recuperación de activos,  se refuerza el  derecho  a defensa del deudor, quien anteriormente sólo tenía opción de oponerse a la quiebra una vez que ha sido pronunciada la sentencia que la declara y se vela por la continuación de actividades económicas que puede ser provisional o definitiva, lo que se traduce en continuar desarrollando la actividad económica y a su vez se protege el empleo.

3. Procedimiento concursal de renegociación de la Persona Deudora

Señalamos anteriormente que una de las novedades de la nueva ley de insolvencia y reemprendimiento es que introduce la posibilidad de que personas naturales puedan renegociar sus deudas o pedir la ejecución expedita de sus bienes, para dar cumplimiento a sus obligaciones.

La nueva ley contempla dos procedimientos que se aplican exclusivamente a la Persona Deudora, es decir, la persona natural que no quede comprendida en la definición de Empresa Deudora.

Los requisitos para poder someterse a este procedimiento son  los siguientes:

• Tener dos o más deudas vencidas por más de 90 días corridos, actualmente exigibles, provenientes de obligaciones distintas, que sumen más de 80 UF.
• No haber sido notificado de una demanda de Liquidación Forzosa de Persona Deudora o de cualquier otro juicio ejecutivo, salvo que sea de origen laboral.

El procedimiento de renegociación que será siempre voluntario, se inicia por el deudor mediante una solicitud presentada ante la Superintendencia de  Insolvencia y Reemprendimiento , la cual realiza un examen de admisibilidad, verificado que se cumplan los requisitos antes señalados,   se da paso a :

Audiencia de determinación del pasivo, en ella con el voto de la Persona Deudora y de la mayoría absoluta del pasivo, se determinará el pasivo con derecho a voto.

 Audiencia de renegociación, en la cual con el voto conforme de la Persona Deudora y de dos o más acreedores que en conjunto representen más del 50% del pasivo reconocido se buscara acordar la renegociación del pasivo.

Audiencia de ejecución, en el caso que no se alcanzare acuerdo respecto del pasivo de la Persona Deudora o respecto de la renegociación de sus obligaciones, la Superintendencia citará a los acreedores a una audiencia de ejecución, en la previa propuesta de las Superintendencia, se acordara la fórmula de realización del activo del deudor, por el Deudor y dos o más acreedores que representen a lo menos el 50% del pasivo reconocido con derecho a voto o el 50% del pasivo que consta en la propuesta que la Superintendencia presenta en la audiencia de determinación del pasivo.

Finalmente señalemos, que una vez vencido el plazo para impugnar el Acuerdo de Renegociación o el Acuerdo de Ejecución, según corresponda, o una vez resuelta y desechada la Superintendencia declarará finalizado el Procedimiento Concursal de Renegociación.

Si hubiere finalizado en virtud de un Acuerdo de Ejecución: se entenderán extinguidos, por el solo ministerio de la ley, los saldos insolutos de las obligaciones contraídas por la Persona Deudora respecto de los créditos parte de dicho acuerdo, a contar de la publicación de esta resolución en el Boletín Concursal.

Si hubiere finalizado en virtud de un Acuerdo de Renegociación: las obligaciones respecto de los créditos que conforman dicho acuerdo se entenderán extinguidas, novadas o repactadas, según lo acordado, y la Persona Deudora se entenderá rehabilitada para todos los efectos legales.

4. Procedimiento concursal de liquidación de los bienes de la Persona Deudora

Al igual que la liquidación del Deudor Empresa esta puede ser:

a)Voluntaria: cuando se produzca a instancias del deudor, previa entrega de determinados antecedentes.

b)Forzada: cuando cualquier acreedor lo solicite, siempre que se cumplan los siguientes requisitos:

• i.            La existencia de dos o más títulos ejecutivos vencidos, provenientes de obligaciones diversas
• ii.Se encuentren iniciadas a los menos dos ejecuciones
• iii. Que dentro del plazo de 4 días siguientes al requerimiento, el deudor no presentare bienes suficientes para responder a sus deudas y costas
• iv.        Que no se hubiere declarado la admisibilidad de un Procedimiento Concursal de Renegociación de la Persona Deudora

En general, podemos señalar que el procedimiento es similar al contemplado para la liquidación del Deudor Empresa, estableciendo reglas distintas sólo en cuanto resulten contrarias con la naturaleza de la Persona Deudora.

 

Otras Cambios que introduce la ley

En cuanto a las Notificaciones: Se crea el Boletín Concursal, la ley lo define como una  Plataforma electrónica a cargo de la Superintendencia de Insolvencia y Reemprendimiento, de libre acceso al público, gratuito, en la que se publicarán todas las resoluciones que se dicten y las actuaciones que se realicen en los procedimientos concursales, salvo que la ley ordene otra forma de notificación. Esto hará que el procedimiento sea más rápido y económico, al reemplazar las publicaciones en el Diario Oficial.

Mecanismo para casos de insolvencia transfronteriza: Por primera vez en Chile se instauran normas relativas a insolvencia transfronteriza, estableciéndose como principio, que los acreedores extranjeros gozarán de los mismos derechos que los acreedores nacionales, tanto respecto del inicio de un procedimiento concursal, como respecto de la participación en él. Estas normas serán útiles para los inversionistas extranjeros, al facilitar la cooperación judicial entre Chile y los países extranjeros, proporcionando una mayor seguridad jurídica para el comercio y las inversiones.

En Materia Laboral: Desde el punto de vista laboral se establecen normas para asegurar el pago de los finiquitos de los trabajadores, tipificando como nueva causal de terminación del contrato de trabajo el hecho que el empleador sea sometido a un procedimiento concursal de liquidación, la fecha del término será, para todos los efectos legales, aquella en que dicte la resolución de liquidación. Dicho finiquito será autorizado por un ministro de fe aún cuando se encuentren impagas las cotizaciones previsionales, con lo cual se busca agilizar el pago a los trabajadores.

Delitos Concursales: Asimismo se establece un nuevo régimen penal, se crean nuevos tipos penales en el Código del ramo, describiendo conductas ilícitas relativas a procedimientos concursales y se sancionan efectivamente a aquellos que provocan o agravan la insolvencia, trasladándose al Código Penal las figuras respectivas.